Antonio López Forastier: Misiones se prepara para dejar atrás el sistema inquisitivo y dar un salto histórico en la justicia penal
Después de 37 años con el mismo código procesal penal, Misiones está a punto de protagonizar un cambio histórico. La provincia, una de las últimas cuatro del país que aún mantiene el sistema inquisitivo (junto con Formosa, Tierra del Fuego y Santa Cruz), se encamina hacia un modelo acusatorio o adversarial. Esto significa, en términos simples, que el juez ya no investigará ni será parte de la acusación, sino que garantizará los derechos del imputado, mientras que un fiscal será el encargado de la investigación.
Para entender los alcances de esta reforma estructural, recibimos en Radio El Pueblo al doctor Antonio López Forastier, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, quien explicó con claridad los beneficios del cambio, el rol del nuevo juez de garantías, la participación de la víctima y los desafíos de implementación.
Un cambio de paradigma: de la inquisición al sistema acusatorio
«El Código Penal regula qué acciones constituyen delito. Eso corresponde al Congreso de la Nación. Pero el Código Procesal Penal determina cómo se investiga ese delito y cuáles son los derechos del imputado»
comenzó explicando López Forastier.
Y describió el problema del sistema actual:
«Hoy tenemos el famoso juez de instrucción. Es la persona que investiga pero a su vez es la que juzga. Es el que se convence de que el ciudadano es culpable y lo priva de su libertad, y al mismo tiempo tiene que garantizar que el abogado defensor pueda ejercer su defensa. Eso contradice expresamente a nuestra Constitución, donde el juez debe ser imparcial».
«El sistema actual se llama inquisitivo. Viene de la inquisición española. De ahí viene la frase ‘a confesión relevo de pruebas’, un concepto absolutamente ilícito y prohibido por nuestra Constitución»
El nuevo rol: juez de garantías y fiscal investigador
«Vamos a pasar a un sistema acusatorio o adversarial. El juez de instrucción será sustituido por un juez de garantías, que no tiene a cargo la investigación sino la función de garantizar que los derechos de los imputados se cumplan. El fiscal será el acusador, el que investiga. Y el juez juzga pero no investiga, solo controla la legalidad de los actos tanto de la fiscalía como de la defensa»
Puso un ejemplo concreto:
Una reforma impulsada desde el Poder Judicial
López Forastier destacó el liderazgo del Procurador General, Doctor Carlos Giménez, en este proceso.
«Es una decisión política institucional relevante, no partidaria. Cambiar un sistema, cambiar una visión, buscar un Poder Judicial más moderno, más eficiente y de cara a la sociedad. Nosotros acompañamos esta iniciativa, participamos de la comisión reformadora. Tenemos cuatro integrantes: el doctor Hugo Zapana, la doctora Doedderer, el doctor Martín Moreira, y está representada la Fiscalía, las Defensorías y el Poder Judicial».
El problema del juez inquisitivo: imposible ser imparcial
El presidente del Colegio de Abogados fue contundente al describir la situación actual.
«El mismo juez que investiga es el que dispone las medidas y eso hace que pierda la imparcialidad necesaria. Es muy difícil que un juez reconozca sus propios errores, decrete sus propias nulidades. Estamos hablando de que esa persona tiene un sesgo sobre la situación. No es fácil convencerlo de que alguien que pensó que era el imputado no es responsable».
Y reflexionó:
«Mientras uno no tenga problemas con la ley, no siente lo injusto de las leyes. Cuando uno se topa con un problema o es acusado injustamente, empieza a darse cuenta: ¿cómo esta misma persona que me acusa es la que me investiga, es la que me tiene que garantizar mi derecho de defensa?»
Una deuda histórica: Misiones, entre las últimas cuatro provincias
«En la República Argentina, de las 24 jurisdicciones, solamente quedan cuatro con sistema inquisitivo: Formosa, Misiones, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Las dos puntas. El resto del país tiene sistema acusatorio»
«La jurisprudencia se ha cansado de reiterar que los modelos inquisitivos como los que tiene Misiones son inconstitucionales. Porque nuestra Constitución, basada en el derecho norteamericano, establece que el juez debe ser imparcial y ajeno a la investigación. ¿Cómo va a ser imparcial si él mismo tiene la obligación de condenar?»
Beneficios del nuevo sistema: más participación y menos injusticias
Entre los principales beneficios, el doctor mencionó:
Separación de roles: el fiscal investiga, el juez controla.
Mayor control de la legalidad: el fiscal no puede detener, allanar ni disponer medidas que priven de derechos sin autorización de un juez ajeno a la investigación.
Participación de la víctima: «Los ciudadanos víctimas tienen mucha más participación. Pueden pedirle al fiscal que no impulse la causa si han llegado a un acuerdo. Se incorpora el concepto de disponibilidad de acciones».
Soluciones alternativas a la pena: «Hoy la pena es la única solución posible. Esto no resuelve ningún problema. Ahora se van a poder buscar otras soluciones, como reparaciones económicas o tareas comunitarias».
Puso un ejemplo cotidiano:
«Si un adolescente te roba la garrafa, vos podés decirle al fiscal: si este chico cumple con un régimen comunitario, yo no quiero que sea encarcelado. La víctima y las autoridades pueden buscar soluciones distintas a la pena».
Implementación gradual: desde el norte hacia el sur
López Forastier detalló cómo se implementará el nuevo código.
«Se prevé una implementación mínima de tres años, empezando por las circunscripciones más chicas. Primero la quinta circunscripción (San Pedro, Andresito, San Vicente), después la tercera (Eldorado) y la cuarta (Puerto Rico). Posadas, que concentra 340 habitantes por kilómetro cuadrado (10 veces más que el interior), será la última. Para que te des una idea, Misiones tiene 37 habitantes por kilómetro cuadrado en el interior».
«Si se sanciona el año que viene, recién al tercer año, con suerte, Posadas tendría instalado el sistema»
Plazos legislativos: podría estar en la Legislatura a mediados de año
«La comisión tiene un término de 60 o 90 días para elevar el proyecto a la Legislatura. Estamos en mayo, junio. Para mediados de año debería estar en la Legislatura. El resto del año para su aprobación, para que en 2027 se pueda implementar en la quinta circunscripción»
El problema de las falsas denuncias y la violencia de género
Consultado sobre un tema que preocupa a la sociedad, López Forastier reconoció la complejidad.
«Las falsas denuncias son parte del Código Penal de la Nación, no de la provincia. La pena es muy baja, no llega ni al año. Lo que se busca es que el Congreso aumente la pena para que bajen las denuncias falsas. Estimamos que de cada 10 denuncias por violencia familiar, 2 son falsas. Un 20 o 25%. Pero no nos olvidemos de las 8 que son reales».
Y dio cifras alarmantes:
«Los juzgados de violencia familiar de Posadas recibían entre 300 y 400 causas por mes el año pasado. Hoy están recibiendo 700 por mes. En dos juzgados, 1500 denuncias por mes. Es un volumen impresionante. Los jueces trabajan incluso en la feria y aún así no llegan».
Sobre el impacto en el interior, explicó:
«Los jueces del interior tienen competencia universal: civil, comercial, laboral y violencia familiar. Están totalmente tapados por la cuestión de violencia, lo que retrasa las otras causas: accidentes de tránsito, juicios laborales, sucesiones».
Y cerró con una reflexión:
«La justicia de violencia mejoró en celeridad, pero el volumen cada año es peor. La solución no está en la ley. Las causas son las que hay que atacar, no los efectos. ¿Qué está pasando en la sociedad?»
Un mensaje final: los abogados apoyan el cambio
«Los abogados estamos muy conformes, impulsamos con mucha energía este proyecto porque es el que más ámbito de defensa nos da. Nosotros somos los que vemos la injusticia de un sistema. Cuando uno aplica la norma sobre un culpable no parece malo el sistema. Cuando lo aplica con abuso de autoridad sobre una persona inocente, es realmente grave, indignante y difícil de defender. Por eso los abogados apoyamos este sistema: nos garantiza darle mayores herramientas a nuestros defendidos».
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