El arco productivo y económico solicita libertad para producir en Misiones

ENTREVISTA | DIONEL KIMMICH

En base a la prohibición vigente del glifosato, reunidos en la Confederación Económica de Misiones (CEM) y en defensa del futuro productivo y económico de la provincia, productores, cooperativistas, empresarios pymes, asesores técnicos y dirigentes de todo el arco productivo misionero —madera, yerba, té, tabaco, ganadería, citricultura, agricultura familiar y comercio— acordaron solicitar la derogación de la Ley de Promoción de Bioinsumos.

Durante una reunión clave celebrada en la sede de la CEM en Posadas, representantes del sector privado debatieron las implicancias de la normativa y coincidieron en que la legislación afecta gravemente al entramado productivo local. Dionel Kimmich, referente agropecuario e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo, participó del encuentro y compartió su visión sobre el conflicto.

“Esta ley nos deja sin herramientas. Es como si te prohibieran el gasoil de un día para otro, pero no te dieran un auto eléctrico. El glifosato no tiene hoy un reemplazo viable ni económica ni técnicamente”, advirtió Kimmich.

Desde el 5 de julio, todo productor agropecuario que continúe utilizando glifosato se encuentra fuera de la ley provincial y puede ser multado con cifras millonarias. “Es una situación crítica. No se trata solo de productores: esta norma afecta a cooperativas, industrias, comercios y al sistema económico en su conjunto”, señaló.

El artículo más polémico de la ley es el Artículo 7, que prohíbe expresamente el uso del glifosato y sus derivados. La normativa fue sancionada sin consulta previa a entidades técnicas ni productivas, hecho que generó profundo malestar en el sector.

“La ley está redactada de forma tendenciosa. No fue consultado ningún sector productivo. Por eso pedimos su derogación completa. No queremos más institutos, ni fundaciones ni estructuras burocráticas creadas desde Posadas para sumarle presión fiscal a los que trabajamos”, sostuvo Kimmich.

Además, denunció que el gobierno provincial ha estado distribuyendo productos alternativos —como biofertilizantes o bioherbicidas— sin habilitaciones oficiales, a través de organismos como el Instituto de Macroeconomía Circular. “Tenemos casos graves, como un productor apícola que perdió el 80% de su producción por un producto mal aplicado”, relató.

Otro punto crítico señalado fue el registro obligatorio para poder utilizar productos prohibidos. Según Kimmich, “es prácticamente imposible de cumplir para el pequeño productor. Piden datos como coordenadas GPS y acceso a formularios online en zonas donde ni siquiera hay señal de celular”.

En cuanto a las acciones a seguir, los presentes acordaron trabajar en tres vías:

• Judicial, a través de la acción de inconstitucionalidad que ya impulsa la Sociedad Rural ante la Corte Suprema de Justicia.
• Legislativa, con la presentación de un proyecto en la Cámara de Representantes de Misiones para derogar la ley —o al menos el artículo 7—
• Comunicacional, bajando información clara y técnica a los productores para combatir la desinformación y las fake news.

“Este problema lo generó la política y lo tiene que resolver la política. El productor misionero no puede seguir trabajando en la incertidumbre”, sentenció Kimmich, quien además hizo un llamado a los intendentes del interior para que se involucren y comprendan la magnitud del problema.

Finalmente, se informó que el viernes se realizará una capacitación en higiene y seguridad en el Salón de la Juventud Agraria Cooperativista, abierta y gratuita para toda la comunidad.

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