El conflicto por la calidad del agua potable en Puerto Piray escaló esta semana hasta la Justicia, luego de que la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano radicara una denuncia contra integrantes del bloque de concejales Juntos Podemos por la difusión de publicaciones que advertían sobre presuntas irregularidades en el servicio. La presentación fue realizada el miércoles 16 de septiembre en la comisaría local, junto al abogado municipal Daniel Osvaldo Moschner, quien sostuvo que los hechos podrían encuadrarse en la figura de “intimidación pública”.
La controversia, sin embargo, tiene antecedentes que se remontan a junio, cuando los concejales Elizabeth Mercado y Adrián Duarte denunciaron problemas en el abastecimiento de agua potable. En ese momento señalaron cortes que se extendieron durante varios días y cuestionaron las condiciones de uno de los tanques de almacenamiento, donde aseguraron haber encontrado barro, residuos y animales. También apuntaron contra fallas en las bombas del sistema y reclamaron respuestas de la Municipalidad.
Durante los meses siguientes, los cuestionamientos continuaron y volvieron a cobrar fuerza en septiembre, cuando vecinos denunciaron problemas vinculados con el aspecto del agua y un incremento de casos de gastroenteritis que algunas familias relacionaron con el consumo del suministro de red. En ese contexto, también se difundieron análisis realizados sobre muestras de agua. El bloque Juntos Podemos sostuvo que los resultados obtenidos a través del Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad Nacional de Misiones mostraban parámetros que no se ajustaban a los establecidos para el consumo humano y mencionó la presencia de coliformes.
A partir de esos resultados, los concejales difundieron material en el que advertían sobre la calidad del agua distribuida en la localidad. El Ejecutivo municipal rechazó esas afirmaciones y sostuvo que el agua que llega a los hogares cumple con los parámetros exigidos para el consumo humano. Además, aseguró que mantiene controles sobre el servicio y que incorporó nuevos protocolos y equipamiento. Desde el Municipio cuestionaron que las publicaciones hayan generado preocupación entre los vecinos y señalaron que la información difundida carecería, según su postura, del respaldo técnico necesario.
Con la denuncia presentada por la intendenta, el conflicto ingresó ahora en una instancia judicial. Moschner señaló que la presentación apunta contra Adrián Duarte y Elizabeth Mercado por la difusión del material y que la Justicia deberá determinar si existió algún delito y las responsabilidades que pudieran corresponder. Mientras tanto, el eje de la disputa continúa siendo el mismo: por un lado, los concejales y vecinos que reclaman explicaciones y cuestionan la calidad del agua; por otro, el Ejecutivo municipal, que sostiene que el suministro es apto para consumo y rechaza las acusaciones difundidas públicamente.
